NICARAGUA

Cooperación energética con Venezuela, base del proyecto

Bipartidismo forzado, exclusión del cualquier opción diferente al FSLN y PLC… Éstas han sido algunas de las funciones que ha cumplido el acuerdo sellado entre los caudillos Daniel Ortega –sandinista- y Arnoldo Alemán –liberal- hace una década. Pero con el retorno del FSLN al poder, en 2007, se ha vuelto más evidente que los objetivos del pacto trascienden lo político. La reciente exculpación de Alemán de delitos de corrupción fue, quizás, la prueba definitiva de que lo que buscaron ambos líderes fue también libertad para el uso patrimonialista del Estado. Alemán empleó su mandato para fortalecer económicamente a su círculo; y ha quedado impune. ¿Están los sandinistas siguiendo un camino paralelo?

Si algo no se puede achacar al Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN ), es el no haber llegado al poder con un claro proyecto político y económico. Para revitalizar las bases del partido y canalizar los programas sociales del gobierno –lo que los críticos llaman clientelismo-, Daniel Ortega no tardó en crear los Consejos del Poder Ciudadano ( CPC ).

Para no ganarse a los mismos enemigos que tuvo durante el gobierno revolucionario (1979-1990), el presidente, pactó con un sector de la jerarquía católica, adoptó un discurso religioso y apoyó la prohibición total del aborto. También mantuvo la relación de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y ha garantizado al sector hegemónico en el país: la banca, seguir pagando una deuda estatal rodeada de sospechas de fraude. En el plano político, el pacto con el ex presidente liberal Arnoldo Alemán y su partido, aseguraba una cierta estabilidad parlamentaria.

Sin embargo, para la acumulación de poder en el largo plazo, al nuevo gobierno aún le faltaba completar una pieza. Y ahí entraba en juego Venezuela. El mismo día de su toma de posesión, que fue retrasada precisamente para que pudiese acudir Hugo Chávez , el presidente Ortega firmó la entrada de Nicaragua en la Alternativa Bolivariana de las Américas ( ALBA ) y un acuerdo de suministro de petróleo.

Venezuela se convirtió en el referente de la política exterior de la administración sandinista pero, sobre todo, en una fuente de recursos económicos que se han manejado al margen de cualquier control; la ayuda fue, en efecto, privatizada a favor del FSLN , en contra de las leyes de la República.

El economista de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo , lo explicó así: “¿Por qué han elegido manejar la cooperación de Venezuela fuera del Presupuesto del Estado? La respuesta me la dio alguien que está muy arriba. Porque si pierden las próximas elecciones presidenciales se quedan sin nada. Están inmersos en un proceso de acumulación desesperada. Daniel Ortega no quiere volver a pasar por lo que pasó en los 90, cuando se quedó, no sin nada, pero sí sin mucho. Ahora quiere tener su propio negocio, su base económica y competir en igualdad con los grandes. El Frente como partido no existe. Su estructuración se basa en lealtades a base de prebendas. Y eso es lo que dificulta que el Frente pueda cambiar. Cualquier apertura la gente lo ve como que va a entrar alguien más a demandar algo. Dicen: ‘esta vaca es de nosotros y no la compartimos con nadie más.”

Venezuela se comprometió a cubrir por completo la demanda nicaragüense de petróleo y además a financiar el pago del 50% de las facturas de combustible a 25 años, con un interés del 2%. Esa mitad que el país no tendría que pagar inmediatamente serviría para financiar “proyectos sociales” y se dividiría en dos partes iguales. Una quedaría en manos del gobierno. La otra pasaría al denominado Fondo ALBA .

Así quedó por escrito, sin embargo, en la práctica las cosas han sido diferentes. Los millones de dólares que deberían haberse invertido en beneficio de la mayoría, han sido, de hecho, la base de un proyecto empresarial en el que las fronteras entre lo público y lo privado han desaparecido. Los actores implicados en el acuerdo son estatales y la deuda contraída con Venezuela es, oficialmente, asumida por el Estado, sin embargo, el uso de los fondos ha sido discrecional.

Todo ha girado en torno a dos sociedades. La primera es ALBANISA , una empresa formada, en teoría, por las respetivas petroleras estatales: Petronic , por un lado y PDVSA , por otro. Y la segunda es una cooperativa de crédito rural llamada CARUNA , que se formó con productores sandinistas tras la pérdida del poder en 1990. A CARUNA se le considera como parte del entorno de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos ( UNAG ), organización sandinista que controla la mayor parte de los cargos públicos vinculados con el agro.

Monopolio de la energía

Ese 50% de la factura petrolera ha permitido a ALBANISA y CARUNA alcanzar una enorme prosperidad gracias a la inversión en sectores clave para la economía nicaragüense, como son las exportaciones de carne, la generación eléctrica y la importación de crudo. A estas actividades se ha sumado recientemente el turismo, con la adquisición del Hotel Seminole de Managua por parte de una sociedad llamada ALBALINISA , vinculada, en teoría a ALBANISA . Según informó Adolfo Acevedo , esta operación fue ejecutada por Rafael Ortega Murillo , hijo de la pareja presidencial.

La prensa local también reportó que al frente de ALBALINISA , se encuentra Ricardo Coronel Kautz , destacado miembro del bloque de empresarios sandinistas. Junto al hotel, la empresa adquirió dos fincas con unas 3,000 cabezas de ganado vacuno, consideradas como las instalaciones más modernas de su tipo en el país.

La magnitud de la operación- en torno a US$ 10 millones- da una idea del poder adquirido por ALBANISA . Y es que esta empresa, que dirige el tesorero del FSLN y empresario, Francisco López Centeno , gracias al monopolio que ostenta sobre la importación de crudo venezolano, se ha convertido en un jugador clave del mercado energético. Para ello ha sido fundamental, las negociaciones que llevó a cabo el gobierno con la transnacional ESSO , propietaria de la única refinería de Nicaragua, a finales de 2007.

En ese entonces, el Frente consiguió que la empresa de EEUU , vendiese a ALBANISA , varios de sus depósitos de combustible y además que accediese a refinar todo el crudo venezolano que le fuese suministrado. Para presionar a ESSO , el gobierno habría utilizado un supuesto delito de evasión fiscal, cometido por la transnacional.

Desde entonces, Nicaragua ha pasado de ser un mercado, básicamente, para los combustibles de EEUU y México, a ser cliente, casi en exclusiva, de PDVSA . Así, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía ( INE ), de los 1.9 millones de barriles importados en enero y febrero de 2009, un 87% procedieron de Venezuela. De hecho, todo el crudo comprado por la refinería de la ESSO tuvo esta procedencia y supuso un costo de US$ 54 millones. Si la mitad quedó en manos de ALBANISA , eso implica que en sólo dos meses la empresa dispuso de US$ 27 millones para invertir en “proyectos sociales”.

Averiguar el destino de esos fondos –y más aún todos los que manejó la empresa en 2008- se ha convertido en la panacea para la mayoría de analistas del país. La compra de las propiedades de la tribu de Seminole sería uno de los probables destinos. Otra de las adquisiciones más recientes sería la de varios depósitos de almacenamiento de combustible en Puerto Corinto. Las instalaciones, formalmente propiedad de una empresa llamada Petrolat; desconocida hasta el momento, tuvieron un costo de unos US$ 24 millones. El presidente de ALBANISA y también de Petronic, Francisco López Centeno , inauguró los depósitos y aseguró a medios locales que con esta nueva infraestructura, la capacidad de almacenamiento de Petronic aumentaba de 143 mil barriles a más de 610 mil, consolidando su hegemonía en la importación de petróleo.

Hasta el momento nadie ha podido determinar la propiedad del plantel, si Petronic o ALBANISA .

La misma ambigüedad es la que rodea a las plantas térmicas que habrían sido adquiridas por ALBANISA para cubrir el déficit de generación eléctrica que durante 2006 vivió el país. Bautizadas como plantas Ché Guevara I, II y III, y planta Hugo Chávez, estas centrales añadieron 120 MW/hora al sistema nacional. Fueron recibidas como fruto de la “solidaridad bolivariana”; en teoría una donación, y se incorporaron formalmente a GECSA , la termoeléctrica estatal. Sin embargo, en un reciente reporte del Ministerio de Energía a la Contraloría General de la República, se reconocía que las plantas debían de ser pagadas a Venezuela en 15 años y que tenían un costo de más de US$ 200 millones. En el citado informe se explica que el dinero se recuperaría a través de la venta de energía a Unión Fenosa, empresa que distribuye la electricidad.

Aún así, como reconoce un reciente trabajo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP ), titulado “La Cooperación Venezolana y los desafíos para la transparencia del sector público”, se desconoce si las plantas están arrendadas al Estado por ALBANISA o son realmente propiedad de GECSA .

De ser ALBANISA la titular, esta empresa habría conseguido no sólo controlar la importación de combustible, sino penetrar también en el siguiente eslabón de la cadena: la generación de electricidad. De hecho, en el listado de productores de energía del que dispone la institución rectora del sector, el Centro Nacional de Despacho de Carga, ya aparece una generadora denominada ALBA . Además, según reportó el diario La Prensa , el pasado 5 de abril se emitió una licencia a ALBANISA para que pueda vender formalmente la energía a base de búnker y diesel que genera durante los próximos 25 años. En la actualidad, las plantas Ché Guevara y Hugo Chávez, no disponen de un contrato con Unión Fenosa sino que forman parte del llamado mercado de ocasión donde la energía es más cara. De acuerdo con los datos oficiales, Fenosa –en cuyo consejo de administración se encuentra el presidente de ALBANISA , Francisco López Centeno - adquiere un 20% de lo que distribuye a estas termoeléctricas.

Negocios compartidos

Junto a la energía, el otro sector por el que se han interesado los empresarios sandinistas que rodean a ALBANISA , es el de la ganadería. No en vano, si controlar el suministro eléctrico es importante –y ALBANISA lo hace a través del monopolio de la principal fuente de generación: el petróleo- participar en la principal actividad exportadora también lo es. Entre enero y febrero, Nicaragua exportó carne de vacuno por valor de US$ 28.5 millones, lácteos por US$ 21 millones y ganado vivo por U$ 2.7 millones. Estas cifras convierten al sector pecuario en la principal actividad exportadora, seguida del café, y el azúcar.

El papel de ALBANISA , en este caso, ha sido el de firmar contratos de exportación hacia Venezuela y ejercer de intermediaria. El país sudamericano, según datos del Centro de Trámite de Exportaciones ( CETREX ), aumentó en 2008, sus compras de carne a Nicaragua en más de un 400%. Este año, ante la caída de la demanda en EEUU , esta relación se está ahondando aún más. Así, hasta el 15 de marzo, Nicaragua exportó a Venezuela, sólo en ganado vivo, US$ 1.4 millones, más de 3,800 vaquillas. De acuerdo con las declaraciones de productores recogidas por la prensa, para poder participar en la venta de vaquillas se debe pasar por una preselección realizada por la gremial sandinista UNAG , que se encarga de que las reses tengan la calidad necesaria.

Además, en la exportación de carne ya procesada, están participando destacadas empresas vinculadas al Frente, como CARNIC , una sociedad que Francisco Mayorga en su libro Megacapitales de Nicaragua , clasifica como de “capital sandinista” aunque con socios de otras filiaciones. Esta empresa que perteneció al Estado durante los 80, y fue privatizada, está dirigida por Onel Pérez , también presidente de la Cámara Nicaragüense de la Carne.

No obstante, a diferencia de lo que ocurre con el acuerdo energético, el de venta de vacuno está siendo apoyado por sectores que normalmente critican duramente al gobierno como la Unión de Productores Agropecuarios ( UPANIC ). Y es que lejos de ser manejado como un monopolio sandinista, este negocio se ha convertido, quizás, en una síntesis del pacto Ortega-Alemán, con intereses tanto del Frente como el de gremiales como la Federación de Ganaderos ( FAGANIC ), un grupo ligado al “alemanismo”. Los feudos tradicionales del Partido Liberal Constitucional ( PLC ), son de hecho, las principales zonas de cría de vacuno en el país, como el departamento de Chontales.

El factor crédito

La otra actividad que el dinero que se ahorra de la factura petrolera está financiando, es el crédito rural, un factor clave en un país en el que la mayoría de productores agropecuarios no son tenidos en cuenta por la banca privada convencional. Sin embargo, lejos de canalizar estos fondos por las instituciones estatales destinadas a esta función, el Frente ha optado por fortalecer a una cooperativa microfinanciera como CARUNA . Dirigida durante varios años por el actual ministro de Agricultura, Ariel Bucardo , CARUNA se ha convertido en un breve periodo en la principal entidad de su clase en el país. Los datos más recientes del Banco Central así lo avalan. De acuerdo con esta entidad, CARUNA pondrá a disposición de ganaderos y campesinos en 2009, créditos por valor de US$ 71 millones. El resto de microfinancieras no reguladas, en su conjunto, prestarán poco más de US$ 100 millones. CARUNA incluso supera en fondos al sector público dedicado al crédito, que contará con sólo US$ 49 millones.

¿Por qué mantener este caudal de fondos fuera del Presupuesto del Estado? Las razones no son sólo clientelistas. Mantener la cooperación venezolana lejos de los cauces estatales evita también que se tenga que dividir entre las instituciones a las que, constitucionalmente, les corresponde un porcentaje del Presupuesto, como municipios o universidades.