GUATEMALA
A dos años del crimen, afloran más complicaciones
En semanas recientes, el caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños y su chofer volvió a la palestra. La fiscalía ha acusado al ex diputado salvadoreño Roberto Silva, de ser el autor intelectual del crimen, y ha solicitado su extradición de Estados Unidos, donde actualmente guarda prisión por delitos migratorios. Ha trascendido que los asesinatos fueron consecuencia de una pugna entre Silva y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ya que algunos diputados de este partido desaforaron a Silva y asesinarlos sería su venganza, según la hipótesis de la fiscalía. Para llevar a cabo este crimen, Silva se habría puesto de acuerdo con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo Medrano, actualmente en prisión y ligado a este caso. Ha salido a luz, información importante que revela muchos matices de este caso, los cuales implican a importantes autoridades salvadoreñas como el actual candidato a la presidencia del partido de gobierno, Rodrigo Ávila.
Hace dos años el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en voz del diputado Roberto Lorenzana , buscó aprovechar el caso judicial contra Roberto Silva , para exigir “que se procese a todos los grandes narcotraficantes y lavadores de dinero que actúan con impunidad en el país.” ( Inforpress 1694).
“Este caso es apenas la punta del iceberg, porque en el narcotráfico y el lavado de dinero están involucrados importantes sectores de la sociedad salvadoreña”, señaló el congresista del Frente en ese entonces.
En esas fechas, de acuerdo con información que se ha publicado en diferentes medios, Silva ya había planificado el asesinato de uno los diputados al Parlamento Centroamericano ( Parlacen ).
En febrero de 2007, tras el asesinato de los parlamentarios y la posterior ejecución de los supuestos asesinos en una cárcel de máxima seguridad * , Guatemala evidenció el grado de infiltración que el crimen organizado tiene en las entidades de seguridad, y en El Salvador, las añejas relaciones que la élite política y empresarial con el gobierno de Guatemala de ese entonces, causaron incomodidad. Inforpress documentó ampliamente esas relaciones en 2007. Pero lo importante fue lo que dijo Antonio Saca : “hay altas autoridades de seguridad de Guatemala, involucradas.” ( Inforpress 1694).
Esta semana trascendió en medios de prensa que Manuel de Jesús Castillo , ex diputado y ex alcalde, acusado en el crimen de los diputados, estaba “dispuesto a hablar”, para lo cual solicitó un permiso para llevar a cabo una conferencia de prensa. Finalmente se supo que las autoridades penitenciarias no lo permitieron.
Sin embargo, el abogado defensor de Castillo , Fernando Linares Beltranena** , aseguró que la forma en que se está vinculando a su defendido con el ex parlamentario salvadoreño Roberto Silva , es una “cortina de humo” cuyo objetivo segun el letrado, es desviar la atención sobre quienes, argumenta, deben pesar responsabilidades.
Se trata de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación en tiempos de Óscar Berger . De acuerdo con Linares Beltranena “Son al menos 15 crímenes ocurridos desde la muerte de los diputados salvadoreños que ha sido la manera cómo se ha silenciado a los involucrados y a aquéllos que sabrían detalles del crimen” ( Univisión , 10/03/2009).
El abogado también dijo que la muerte de los cuatro policías ocurrida en la cárcel de El Boquerón , el posterior asesinato de los hermanos Benítez ***, el crimen de Víctor Rivera , ex asesor de Gobernación, el asesinato del fiscal Juan Carlos Martínez , ocurrido en Oratorio, Santa Rosa, en julio de 2008, y otros más como el del investigador Edwin Reyes , en octubre de 2008 y el del militar Giovanni Pacay , asesinado el 28 de septiembre de 2007, están relacionados con el caso Parlacen. ( El Diario de Hoy , 10/03/2009).
Según Linares Beltranena , Edwin Marroquín , fiscal del Ministerio Público ( MP ) a cargo, “es un encubridor”.
La columnista Marielos Monzón respalda que el asesinato de Víctor Rivera se considera parte de los crímenes ligados al caso Parlacen. Recientemente escribió que “Dándole la razón a todo lo expuesto por Carlos Castresana, comisionado de la Cicig, una vez hecha pública la denuncia contra Álvaro Matus, se activó toda la maquinaria de la impunidad, y en cuestión de horas, el ex fiscal fue beneficiado con una ridícula fianza; y por si fuera poco —aunque la verdad no me sorprende— fue el propio MP el que pidió su captura únicamente por dos delitos, y no por los cuatro sobre los que se tienen indicios y habían sido anunciados por el fiscal general.” ( Prensa Libre , 10/02/2009).
Mil teorías o cortinas de humo
El ex presidente guatemalteco, Óscar Berger , dijo en 2007 que el asesinato estaba relacionado con un problema de drogas entre dos grupos de narcotraficantes “con ligámenes en ambos países”. Carlos Vielmann , ministro de Gobernación de ese entonces; el ex fiscal Álvaro Matus (que llevaba el caso en esas fechas) y Rodolfo Delgado , este último, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, dijeron que la “versión” de Berger no era de información proveniente del MP .
Sin embargo, el Fiscal General de El Salvador, Félix Garried Safie , y el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Mario Figueroa , descartaron cualquier participación de los diputados asesinados con el narcotráfico.
En 2007 también se dio a conocer la “versión” de que Vielmann habría sido el autor intelectual del asesinato de los parlamentarios. Pero a partir de entonces una serie de destituciones y cambios se observaron en las altas esferas de las instituciones de seguridad como el MINGOB y la PNC .
El caso más notable fue el de Vielmann , quien a pesar de tener el apoyo de la élite empresarial y del Gabinete de gobierno, tuvo que salir del ministerio ( Inforpress 1698). Posteriormente, ya durante el gobierno de Álvaro Colom , también sucedió lo mismo con altos funcionarios del MP , incluyendo Matus , destituidos entre muchas especulaciones ( Inforpress 1763).
La vinculación que ahora se hace con el ex parlamentario salvadoreño Roberto Silva , plantea la versión de que la muerte de Eduardo D'Aubuisson fue una venganza por las presiones areneras para que desaforaran a Silva (debido a sus vínculos con el narcotráfico) del Partido de Conciliación Nacional ( PCN ), histórico aliado de ARENA .
Sin embargo, un dato interesante que salió a luz en esos días fue la denuncia que el ex candidato presidencial del Partido Patriota ( PP ), general retirado Otto Pérez Molina hizo: la existencia de dos “escuadrones de la muerte” a lo interno del MINGOB que estarían bajo el mando del ahora fallecido Víctor Rivera . La denuncia fue importante en varios aspectos, sobre todo porque Pérez Molina fue el comisionado presidencial de seguridad de Berger , a principios de su gobierno. Pocos meses después, el militar Giovanni Pacay , estrecho colaborador de Pérez Molina , fue asesinado.
El funcionamiento de la estructura tendría “casas de seguridad y tortura”. Y el asesinato de los parlamentarios ocurrió en la finca “Las Conchas”, en la que se presume funcionaron algunas de esas “casas de seguridad”. Las ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Berger fueron reconocidas por Phillip Alston , relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ). Berger cuestionó el informe de Alston y el gobierno pospuso la visita de dos funcionarios de esta entidad para 2008 ( Jila Hilani , representante del secretario general de la ONU para los derechos humanos, y Vernon Muñoz , relator del área de educación) - Inforpress 1699.
A finales de abril de 2007, un informe de la PDH sobre el tema, hizo graves señalamientos contra las instituciones de seguridad. El informe que se presentó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Edgar Rodríguez (hoy ministro de Trabajo), concluye que el MINGOB no proporcionó la seguridad requerida por los parlamentarios y propició su muerte.
Sergio Morales , titular de la PDH , señaló que hubo una orden para que se destruyeran archivos de los policías asesinados y que las autoridades han encubierto información de vital importancia para esclarecer la autoría intelectual del crimen. La PDH señaló también que un motín de reos no fue lo que provocó la muerte de los agentes recluidos en El Boquerón , como sostuvieron inicialmente las autoridades.
Por su parte, Matus desestimó las acusaciones, y la en ese entonces ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte , evitó pronunciarse sobre el informe en lo que fue señalado como un intento de disminuir la gravedad y las implicaciones de los señalamientos ( Inforpress 1702).
Luego, otro escándalo sacudiría a la PNC : el secuestro a plena luz del día de cinco jóvenes capitalinos y su posterior asesinato. El caso le costó “la cabeza” al entonces director de la Policía, Julio Chávez ( Inforpress 1724).
Cambios en coyuntura electoral y después
Un poco antes de las elecciones generales, en agosto de 2007, el MINGOB anunció la destitución de 932 agentes de la PNC . Se dijo que aproximadamente unos 300 de los policías retirados estaban bajo investigación del MP . Entre los destituidos estaba el ex jefe de la DINC , Víctor Hugo Soto , vinculado al caso Parlacen.
Varios analistas han considerado que los agentes depurados pasan con relativa facilidad a formar parte de grupos dedicados al crimen. Esta purga buscó enviar señales positivas, al igual que la aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( CICIG ) ese mismo mes ( Inforpress 1715). Pero el problema según expertos, es estructural, y la presencia, cada vez mayor, de grupos de narcotraficantes añade un elemento más a la ecuación, pero no sólo eso, el narcotráfico se ha convertido en un actor político beligerante.
El asesinato de los parlamentarios salvadoreños ha dejado tras de sí una cadena de asesinatos que no dan visos de estarse resolviendo, más bien se encubren aún más. Los dos grandes partidos políticos que se disputaron las elecciones pasadas en Guatemala -el PP y la UNE -, se acusaron mutuamente de haber sido financiados por el narcotráfico ( Inforpress 1725).
En tanto que una figura importante y enigmática ha vuelto al ruedo del poder, ahora en las filas de la UNE : efectivamente, se trata de Luis Mendizábal , sobre quien la periodista Claudia Méndez Arriaza lanza preguntas inquietantes en una columna de opinión aparecida recientemente ( elPeriódico , 01/03/2009).
A Mendizábal se le vincula a las investigaciones del caso Parlacen, como asesor de seguridad del gobierno de Colom , y encargado de la llamada “Oficinita” durante el gobierno de Álvaro Arzú . Lleva consigo una larga trayectoria vinculada a la derecha extrema en El Salvador y Guatemala ( Inforpress 1694). Todavía falta mucho por conocer.
* Los agentes policiales Luis Arturo Herrera López , José Korki López Arreaga , José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez ; fueron asesinados dentro del penal de máxima seguridad El Boquerón , Santa Rosa, el 25 de febrero de 2007. Los diarios salvadoreños publicaron que Herrera López y López Arreaga , intentaron negociar una salida con Víctor Soto, ex jefe de la DINC , la cual no dañara a la institución. Para esto, matarían a miembros de una banda de narcotraficantes de Jutiapa y pondrían en sus manos fusiles AK-47 para implicarlos. Sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil ( PNC ), Erwin Sperisen , no habría aceptado tal proposición ( El Diario de Hoy , 8/03/07).
** Este abogado se ha caracterizado por tomar casos importantes, en particular la defensa de altos oficiales del Ejército retirados. Igualmente, es reconocido dentro del ámbito de las adopciones de niños.
*** Los hermanos Benítez se dieron a conocer por haber participado en la toma de una cárcel de alta seguridad sin ser parte del MINGOB , cuando el director del sistema penitenciario era Alejandro Giammatei . Posteriormente, fueron señalados de pertenecer a un “escuadrón de la muerte” que se apoyaba en ideologías extremistas. Fueron asesinados el año pasado, en circunstancias aún no establecidas, en un momento en que trabajaban para la agencia antidroga de Estados Unidos ( DEA ).
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